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841 • POR SOBRE LA LEY

 

Miércoles, 9 de junio de 2004

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El asunto nos desgarra a todos nosotros, independientemente de nuestra ideología: ¿cómo pueden mujeres y hombres estadounidenses tratar a prisioneros iraquíes con tal crueldad, y reírse de su humillación? Se nos ha dicho que fue una falla de la jefatura militar. Las autoridades presentes en el campo de actividades fueron negligentes. A los funcionarios del Pentágono no les importó. Así se permitió que floreciera lo peor de la naturaleza humana. Pero algo mucho más profundo subyace en este horrendo episodio. Es la cultura de baja estimación de la ley... de respetarla sólo cuando conviene.

Una y otra vez durante estos últimos años, el presidente Bush ha dejado en claro su creencia de que la ley debe plegarse a lo que él considere necesario. Según su definición, la seguridad nacional está por encima de nuestros compromisos con la ley internacional. La Constitución debe sucumbir ante las novedosas conculcaciones de la libertad en Estados Unidos.

Un vívido ejemplo es el tratamiento dado a los prisioneros en la Bahía de Guantánamo, en Cuba. La Tercera Convención de Ginebra exige que cualquier controversia sobre el estatus de un prisionero sea dirimida por un tribunal competente. Las fuerzas norteamericanas proveyeron muchos de tales tribunales para los prisioneros capturados en la guerra del Golfo Pérsico en 1991. Pero el señor Bush se ha negado a cumplir con la Convención de Ginebra. Decidió que todos los prisioneros de Guantánamo eran 'combatientes ilegítimos', es decir no soldados, sino espías, terroristas o algo parecido.

La Suprema Corte se encuentra considerando si los prisioneros pueden recurrir a los tribunales norteamericanos para demandar su señalamiento como ilegales. El sumario de la administración no podía ser más crudo en su argumento de que en este caso el presidente es la ley:
- El presidente, en su condición de comandante en jefe, ha determinado terminantemente que los detenidos en Guantánamo no están cobijados por el estatus de prisioneros de guerra bajo la Convención de Ginebra.

La violación de la Convención de Ginebra y la negativa a permitir que los tribunales consideren el asunto, ha costado caro a los Estados Unidos ante la comunidad legal del mundo: los jueces y abogados en sociedades que históricamente han mirado a los Estados Unidos como ejemplo de un país apegado a la ley.

En un discurso pronunciado el pasado otoño, Lord Stein, un juez de la más alta corte británica, condenaba la posición de la administración respecto a Guantánamo señalando que los tribunales norteamericanos se rehusarían incluso a escuchar los reclamos sobre torturas que hiciesen los prisioneros.

En lugar de un país adicto a la ley, Estados Unidos es visto ahora como uno que proclama grandes ideales de legalidad y luego dice que ellos se les deben aplicar a todos menos a él. Este criterio lo ha empeorado la administración Bush al determinar que los norteamericanos no pueden ser sometidos a la nueva Corte Penal Internacional, la que se supone castiga el genocidio y los crímenes de guerra.

El temor al terrorismo, del todo explicable luego del 11 de septiembre, ha conducido a abruptas desviaciones de la normal práctica de la legalidad en el país. Extranjeros arrebatados de las calles por el Departamento de Justicia después de 11 de septiembre fueron sometidos a abusos físicos y humillaciones por parte de guardias de las cárceles, según estableció el inspector general de ese departamento.

Como es sabido, el más radical desvío de la ley dentro de los Estados Unidos lo constituye la aseveración del presidente Bush de que él puede señalar a cualquier ciudadano norteamericano como combatiente enemigo, y por consiguiente retener a esa persona en confinamiento solitario indefinidamente, sin acusaciones, sin un juicio, sin derecho a un asesor. Tajantemente, los abogados del presidente han argüido de nuevo que éste debe tener la última palabra, con poco o ningún escrutinio por parte de abogados y jueces. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, fue sorprendente el momento cuando el presidente Bush expresó que más de 3.000 sospechosos terroristas
- ... han sido arrestados en muchos países. Y muchos otros han tenido un destino diferente. Digámoslo de este modo: ellos han dejado de ser un problema para los Estados Unidos
.

En todos estos asuntos predomina la actitud de que atenerse a la ley es mostrar debilidad frente al terrorismo. Pero la dedicación a la ley no es debilidad. Ha sido desde sus orígenes la gran fortaleza de los Estados Unidos. Nuestros líderes se apartan de ese compromiso por su cuenta y riesgo, y el nuestro, debido a una razón que el juez Louis D. Brandeis manifestó memorablemente hace 75 años:
- Nuestro gobierno es el maestro poderoso, omnipresente - dijo - Para bien o para mal le enseña a todo el pueblo con su ejemplo. El delito es contagioso. Si el gobierno se convierte en un trasgresor de la ley, alimenta desprecio por las leyes; tienta a cada hombre a convertirse él mismo en la ley.

ANTHONY LEWIS
The New York Times (22-05-2004)
Colaboración ATTAC