Hasta que nos alcanza la memoria a los mayores de treinta años, recordamos en nuestra infancia o juventud haber oído en los informativos de la época, noticias sobre un banquero o empresario que había sido detenido por la policía acusado del delito de "tráfico de divisas". Dicho delito consistía en sacar capitales del país para ingresarlos en cuentas bancarias de países con una legislación relajada en cuanto a investigar la procedencia de dicho dinero y con unas leyes rígidas en lo referente al secreto bancario. El objetivo que perseguía el delincuente con esta práctica era evadir estas sumas de capital del pago al fisco y guardar unos ahorros lejos de la mano de la justicia para el caso en que los negocios marchasen mal.

Efectivamente, hasta los años ochenta en los que se inició la desregulación de los mercados financieros con el advenimiento del neoliberalismo, el tráfico de divisas fue un delito muy severo. No en vano, retraía enormes beneficios económicos nacionales hacia los llamados "paraísos fiscales".

Pero quizá el daño mayor se lo hacía al contrato social que ordenaba la sociedad. Los beneficios económicos empresariales evadidos normalmente habían sido obtenidos gracias al apretón de cinturón de los trabajadores, que habían visto congelado su salario, con la esperanza de que los beneficios fueran reinvertidos en la empresa. Además, estas importantes sumas de dinero no contribuían a la hacienda pública, mermando los recursos del Estado que incrementaba su déficit y dañando gravemente la distribución de la riqueza entre toda la sociedad.

Desde que se aplicaron las políticas neoliberales de libertad de circulación de capitales y desregulación de las prácticas financieras, este delito dejó de existir. El dinero puede evadirse ahora del país sin obstáculo alguno.

Cualquier Estado que imponga restricciones del algún tipo será sancionado por las autoridades económicas internacionales como el FMI. Sólo se ha conservado una frontera y es la que protege  a los capitales evadidos en el interior de los "paraísos fiscales". Una vez que el dinero ha cruzado estas fronteras ningún Estado tiene derecho a reclamarlo. Ni siquiera el largo brazo de la justicia tiene potestad para intervenir o investigar estos capitales. Como el lector podrá imaginar esto ha favorecido el que traficantes de armas, contrabandistas de todo pelaje y empresarios corruptos hayan empleado sus cuentas bancarias en los "paraísos fiscales" como auténticos lavaderos de dinero negro.