EL CUENTOMETRO DE MORT CINDER

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Sábado, 3 de abril de 2004

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El disgusto por los vicios y defectos de la democracia argentina, no es un dato excepcional en el mundo actual. Con un agravante: a diferencia de los países centrales, aquí las mayorías populares carecen de beneficios elementales, aun los que promueve y garantiza la Constitución. Dicen los analistas que las clases medias, han ganado la hegemonía social porqué la clase obrera perdió el protagonismo, ya no es más “la columna vertebral del Movimiento”, fué desarticulada por el desempleo masivo y por los requerimientos de supervivencia, hasta el punto que perdió la noción del derecho a tener derechos. Así, siendo víctimas cotidianas de todo tipo de inseguridades, derivadas de la pobreza y del delito común, los más humildes no eran preponderantes en el mitin cívico que se realizó el jueves frente al Congreso. La multitud estaba compuesta por napas de la clase media que demandan el derecho efectivo a la seguridad de vivir sin miedo.

El detonante esta vez fue el asesinato de Axel Blumberg, y la iniciativa del padre de la víctima, que reclamo justicia con un discurso que acertó a expresar el de las clases medias metropolitanas, sobre todo del Gran Buenos Aires, abrumadas por  la criminalidad y las sospechas de los amparos políticos y policiales, cuando no la complicidad, que reciben los malandras que han convertido el secuestro extorsivo en principal fuente de dinero mal habido.

El de Axel no es el primer crimen que marca la sensibilidad social: María Soledad Morales en Catamarca, José Luis Cabezas en Pinamar y, más reciente, el doble crimen de La Dársena en Santiago del Estero, fueron otros tantos hitos de las dos últimas décadas. En cada caso, alguien pagó por la maldad: cayeron dos gobiernos feudales (Saadi en Catamarca y Juárez en Santiago del Estero) y el empresario Yabrán apareció suicidado. En esta ocasión, ¿quién se hará cargo de la factura?

La derecha, excitada por la posibilidad de atacar al Gobierno con simpatía popular, quiere la cabeza de alguna autoridad política, por ejemplo la de Felipe Solá, gobernador de Bs As, o de algún ministro de la Nación. Fue notable el compromiso mediático de conservadores y menemistas, incluido Ramón Saadi, ahora diputado por Catamarca, alentando a congregarse en la cita propuesta por Blumberg y celebrando la respuesta masiva. Son los mismos que criticaron con acidez los actos del último 24 de marzo en la ESMA y en el Colegio Militar. Cada vez que alguien reclama seguridad, la derecha da un paso al frente para mantener viva la leyenda, difundida por sus publicistas sin ninguna evidencia, según la cual los demócratas y la izquierda son sinónimos de caos y violencia.

Han sido los conservadores, desde Barceló hasta Menem, los que, en realidad, cebaron a la policía brava, o para ser más precisos, en palabras de Rodolfo Walsh, a las sectas del gatillo fácil y de la mano en la lata. Es innegable que el terrorismo de Estado instaló como método el secuestro extorsivo y que en sus tareas más aberrantes fueron entrenados numerosos miembros de las fuerzas de seguridad. La Policía Bonaerense fue corrompida hasta el hueso, entre otros motivos porque en su territorio, de alta concentración demográfica, asientan las mafias que controlan la prostitución, el tráfico de drogas ilegales, el juego clandestino y otros vicios, sin contar que suelen buscar influencias en los poderes institucionales y las usan para proteger sus negocios ilícitos, por lo que los malvivientes con uniforme saben que a cambio de sus servicios recibirán protección. Por otra parte, los tribunales dependen de la policía hasta para simples trámites, como el tránsito de detenidos, y a fin de contar con su buena voluntad más de un hombre de ley mira para otro lado para no ver la mugre.

El peso específico de las mafias en la Policía Bonaerense ha corroído los valores que deberían inspirar a la institución, lo que no quiere decir que todos sus miembros sean canallas, sino que los “buenos” han renunciado a defender el honor y la dignidad del cuerpo debido a la impunidad que disfrutan los “malos”. Por eso, nada se avanza con remover a cuarenta o a cuatrocientos efectivos, porque sus relevos pronto serán ganados por las múltiples tentaciones que tienen a la mano, mientras que su empleador legal, el Estado, paga mal y en más de una ocasión tampoco pregunta de dónde proceden los recursos que completan los presupuestos y los ingresos policiales.

¿Cómo pueden ignorar los gobernantes lo que todos los ciudadanos saben o malician? Hace falta mucha voluntad política y coraje para remover la infraestructura policial desde la raíz, incluso reemplazándola por cuerpos organizados desde cero, aun a riesgo de que durante un cierto tiempo la revancha de los removidos se haga notar en un relativo aumento de los crímenes. La falta de castigo, como está probado, alienta al delito en lugar de prevenirlo.

Una eficiente política nacional de seguridad no depende, por supuesto, del volumen y del rigor de las penas o, al menos, no es la razón última de su necesaria vigencia. Los partidarios de la “mano dura” desearían hasta la pena de muerte, aunque sobran las evidencias para probar que ni aún esa pena máxima, allí donde se aplica, reduce al crimen. Tampoco son responsables del auge criminal los defensores de las garantías de ley para todos los acusados ni defienden los derechos humanos de los bandidos en vez de defender los de sus víctimas. Es un malentendido que forma parte del sentido común de protestas como la del jueves pasado, pero la crítica se vuelve razonable cuando se les reclama a las instituciones democráticas, a los organismos de derechos humanos y a la izquierda que contribuyan sin reticencias con todo el bagaje de sus experiencias a la elaboración colectiva de políticas públicas a favor de la convivencia pacífica y en pluralidad. De lo contrario, estarían aceptando la leyenda, según la cual la seguridad es un asunto exclusivo de la derecha.

Igual que en otros rubros de la vida social y de la organización institucional, está llegando un final de época para las policías bravas y cuanto antes sea posible tendrá que surgir un plan que no pretenda regenerar el oscuro pasado sino construir nuevas fuerzas de seguridad sobre bases estrictas de trabajo y honradez. Es mucha la exigencia y desborda las fórmulas sencillas de Blumberg, lo que no significa desmerecerlas ni descartarlas sin antes darles las debidas consideraciones, ya que algunas de ellas a primera vista tienen una sólida razonabilidad. Pero si los actuales poderes republicanos, ante todo en el ámbito metropolitano (Capital y Gran Buenos Aires), no se hacen cargo del desafío y pretenden sólo conservar las formas hasta que la gente “se calme”, esta democracia perderá el vigor que necesita para garantizar la seguridad y para combatir la pobreza, el desempleo o para renegociar la deuda externa y los contratos de servicios públicos privatizados. No es un deber exclusivo del Gobierno, sino de todos aquellos que no quieren que la sociedad vuelva a subordinarse ante la derecha y la represión salvaje, fuente de mayores violencias.

La seguridad y el orden son compatibles con la libertad y la justicia. Es hora de demostrarlo a toda la sociedad.

J. M. PASQUINI DURÁN
Página/12
Colaboración C. Moratto