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755 • LA DEUDA 4

   

Lunes, 1 de marzo de 2004

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  Se ha dejado de plantear la cuestión de la deuda ante la Corte Internacional de Justicia, órgano jurisdiccional internacional, según la tesis de un notable diplomático argentino, el embajador Miguel Angel Espeche Gil, consistente en aplicar el derecho internacional público y llevar la cuestión de la deuda externa a la Corte Internacional de Justicia mediante el Procedimiento Consultivo. En consonancia con una visión realista y ante el agravamiento de la situación de la deuda, la XII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea América Latina, realizada en Bruselas en junio de 1995, pidió a los Estados miembros de los dos parlamentos que tomaran las iniciativas oportunas, buscando el apoyo de otros países del mundo, a fin de que la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitara a la Corte Internacional de Justicia de La Haya un dictamen consultivo que permitiese afrontar el problema de la deuda externa conforme a los principios generales del derecho internacional contemporáneo. La declaración recogía y hacía suya la tesis sustentada por Espeche Gil desde 1984, cuando fue adoptada en el XV Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, en Santo Domingo, en marzo de 1989. Esta línea de acción fue tan eficaz que incluso países de acreedores, como Italia, llegaron a aprobar en sus Parlamentos la decisión de pedir a la Asamblea general la consulta sobre la legitimidad de la deuda externa latinoamericana.

Todos estos esfuerzos internacionales, con claros protagonismos argentinos y latinoamericanos, han sido ignorados y postergados por un tratamiento del problema que es pura y cruda anómia, puro y simple empirismo cuantitativo, como si el deber ser no existiera y todo pudiera resolverse como una miope y obtusa práctica mercantil, cuando se trata de un tema rigurosamente jurídico. Una actitud que desguarnece a la Nación argentina y facilita el camino de los presuntos acreedores.

No reconstruir el proceso de formación de la deuda, no discriminar sus diferentes bloques algunos tan escandalosamente anómalos como el de la estatización de la deuda privada, meter a todos en la misma bolsa, ignorar el pasado, parecen ser los elementos de la actitud con la que se intenta negociar. Incluir en el grupo de bancos negociadores al Merril Lynch, de oscura ejecutoria en el llamado canje de la deuda agrega incertidumbre y peligrosa opacidad al panorama. La ley 25.780, de octubre último, aprobando
las compensaciones a los bancos reclamadas por el FMI agrega un signo preocupante a la negociación.

No debiera olvidarse que el endeudamiento ha sido la ocasión para que se cometieran innumerables ilícitos. La sentencia dictada en la denuncia hecha por Alejandro Olmos los describe con mucha precisión. Ese pronunciamiento fue enviado el Congreso para que éste obrara en consecuencia. Pero las mayorías legislativas desviaron la mirada, como si el asunto de la deuda, en el que el Poder Legislativo tiene específica y excluyente responsabilidad constitucional, les fuera ajeno.

El clima de ilicitud recién aludido permite evocar lo establecido por la Comisión de Iustitia et Pax en el documento Al Servicio de la Comunidad Humana: Una Consideración Ética de la Deuda Internacional, cuyo punto III, 2 dice: Aceptar la corresponsabilidad internacional significa para los países en desarrollo proceder a un examen de las causas que han contribuido a aumentar la deuda (...) Un examen exacto de la deuda actual revelará la particularidad de cada país en desarrollo, tanto de las causas internas como
de las soluciones y la posibilidades futuras (...) Las categorías que detentan el poder en los países en desarrollo deben aceptar que sus comportamientos y sus eventuales responsabilidades en el endeudamiento de sus países sean aclarados: negligencia en la instalación de estructuras adecuadas o abuso de las estructuras existentes (fraudes fiscales, corrupción, especulaciones monetarias, fuga de capitales privados, backshishs ¿coimas? en los contratos internacionales. Este deber de transparencia y veracidad ayudaría a establecer mejor la responsabilidad de cada uno, evitar las sospechas injustificadas y a proponer las reformas adecuadas y necesarias tanto para las instituciones como para los comportamientos
.

Ese deber de transparencia y veracidad también ha sido completamente omitido. Su cumplimiento no solo hubiera neutralizado muchas pretensiones de presuntos acreedores. También hubiera contribuido a crear la atmósfera de rectitud y vocación ética propia de un nuevo ciclo histórico.

SALVADOR MARÍA LOZADA
Presidente del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE);
Presidente Honorario de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional
Ex Juez Nacional; Ex Profesor Titular Ordinario de la Universidad de Buenos Aires.

Colaboración ATTAC