Convencido de que la medida será muy bien recibida por el pueblo llano, ha propuesto a sus ministros y secretarios de Estado que no cobren sueldo durante los próximos seis meses. «Tenemos por delante un periodo económico muy duro, y si queremos que las cosas salgan bien, nosotros también vamos a tener que asumir los costos», explicó Duhalde durante una reunión con miembros de su Gabinete en la Quinta de Olivos. «Hay que dar ejemplo y la medida habría que extenderla a jueces, diputados y senadores».

Debido al natural temor que infunde el poderoso, ninguno de los presentes se opuso de forma rotunda, pero el entusiasmo brilló por su ausencia. Hubo quien comentó que, si los diputados no reciben un buen salario, «van a salir a robar». El peronista José Díaz Bancalari se atrevió a decir que le parecía una «barbaridad» dejar sin sueldo a los parlamentarios. Duhalde, que se aprestaba para ir a misa en la capilla de la residencia presidencial, escuchó las réplicas sin pestañear.

«Yo necesito dar un gesto importante», repitió el presidente. «Estúdienlo con el resto del Gabinete y el martes o el miércoles me traen la respuesta».

Dentro del océano de los 132.000 millones de dólares de deuda externa, el ahorro propuesto por Duhalde es una gota de agua, pero calmaría los ánimos. Si algo irrita a los argentinos es el desproporcionado coste de la política y los privilegios, prebendas y regalías que lleva aparejado un cargo público.

No es la primera vez que Duhalde sugiere algo por el estilo. El pasado 19 de diciembre, cuando todavía era senador nacional por la provincia de Buenos Aires y estaba a punto de caer el presidente Fernando de la Rúa, invitó a los altos funcionarios de su entorno a donar sus sueldos. Todo lo que cosechó en aquella ocasión fueron miradas de reojo y murmullos de descontento. Ahora tiene mucho más poder y quizá llegue más lejos, pero no será sin torcer brazos y encontrar enconadas resistencias.

«Yo valgo mucho más que los 3.000 pesos de sueldo tope que me han puesto, pero estoy dispuesto a aguantar así un tiempo», comentó ayer uno de los funcionarios con despacho en la Casa Rosada. «Pero de ahí a no cobrar nada...».

Reducir la burocracia: Con la vista puesta en las elecciones de 2003, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, convocó hace unos meses un referéndum para reducir el tamaño de la burocracia en su provincia. El 70% de los cordobeses se pronunció a favor de eliminar una de las Cámaras, y Córdoba paga ahora a 70 legisladores en lugar de a 133.

Hubo muchos que aplaudieron a De la Sota, pero no ha cundido el ejemplo. El Congreso Federal tiene más de 10.000 empleados, muchos de los cuales son activistas que sólo se presentan el día de cobro. En el lenguaje popular se denomina ñoquis a los absentistas, porque antaño existía la costumbre de comer ese tipo de pasta los 29 de cada mes.

El derroche político no representa más que una mínima porción de los 52.000 millones de dólares que gasta anualmente el Gobierno, pero irrita sobremanera a los argentinos. El sueldo medio del sector privado son 400 pesos, mientras en el sector público asciende a 750. Los 300.000 trabajadores que dependen del Gobierno central y los 600.000 de los gobiernos provinciales están blindados por leyes laborales implantadas en tiempos de Perón.

Sumando incentivos y otras regalías, los 339 diputados federales ganan 7.000 pesos al mes, y hay diputados provinciales, como los de la empobrecida Formosa, que pueden doblar esa cifra. Cada legislador federal dispone como mínimo de una docena de empleados, incluyendo portavoz, secretaria y chófer.

Históricamente, los políticos argentinos han sido siempre unos maestros en el difícil arte de capear temporales financieros, navegar contracorriente en devaluaciones y esquivar olas de paro. En las playas de Mar del Plata -el Torremolinos austral- escasean los turistas, pero está a tope el lujoso balneario uruguayo de Punta del Este, donde no hay potentado argentino que no recale y donde florece en forma de suntuosas mansiones una pequeña parte de los capitales evadidos en las últimas dos décadas.

Los aviones que van y vienen de Miami no viajan repletos como antes. Lo mismo ocurre con el Jumbo de Iberia que vuela de Madrid a Buenos Aires y con el aparato de Aerolíneas Argentinas que parte diariamente de Ezeiza hacia Barajas. En cualquier caso, se ven bastantes pasajeros. Hay una parte del país -unos tres millones de personas- que actúa como si la cosa no fuera con ella. Sigue como siempre, a pesar de que las paredes del aeropuerto están tapizadas de carteles que advierten del peligro que entraña tomar un taxi «no oficial», porque la criminalidad es rampante; de que ha habido cinco presidentes en dos semanas; de la bancarrota general y de las drásticas medidas impuestas por Duhalde.

Muchos vendieron durante las vacas gordas, sacaron su dinero al extranjero y sólo esperan a que se agudice la crisis para volver con dólares frescos y recomprar a precio de saldo.